El Gaseoducto del Sur en peligro

El Gaseoducto del Sur en peligro

Una interpretación errónea del pedido de compradores pone en riego inversión de 7 500 millones de dólares 

Por Dante E. Zegarra López

Mientras los ojos del mundo y del Perú están puestos en el desarrollo y éxito de la cita cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se lleva a cabo en Lima, la ejecución del gaseoducto surperuano está en peligro. Las obras quedarían paralizadas por tiempo indefinido.

Al parecer según los expertos en la materia, consultados, una interpretación errónea de funcionarios del gobierno peruano del pedido del consorcio interesado en la compra de la participación de Odebrecht generaría la paralización indefinida del proyecto.

La causa de esta situación tiene su origen en la decisión de la empresa brasileña Odebrecht de vender el 55% de su participación en el proyecto a fin de afrontar la difícil situación económica derivada de las investigaciones en Brasil sobre actos de corrupción de sus altos ejecutivos.

El consorcio Sempra y Techint, se interesó en adquirir la participación de Odrebrecht y luego de delicadas negociaciones con la participación de un sindicato de bancos que financiarían la operación, llegaron a un punto de quiebre a causa del numeral 5.1.6  y la cláusula 20.1, literal c.6 del contrato suscrito con el gobierno peruano.

En el numeral 5.1.6 se declaró que: “ninguno de los accionistas, socios o Empresas Vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar, recibir u ofrecer ningún pago o comisión ilegal en relación con la concesión, el contrato o el concurso”

Y en la cláusula 20.1, literal c.6 estableció la facultad del Estado Peruano de resolver el contrato de concesión de comprobarse: “la falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías efectuadas por el concesionario o por el operador calificado, según corresponda, conforme a lo establecido en el contrato, en el concurso, o durante la ejecución del contrato”.

Con el fin de asegurar la inversión de 7 500 millones de dólares el consorcio Sempra – Techint, interesado en comprar la participación de Odrebrecht, formuló al gobierno un pedido para que se incluyera un agregado al contrato en la cláusula que señala: “En caso se produzcan los incumplimientos contenidos en las clausula 20.1.C.5, 20.1.C.6 y 20.1.C7, el Concedente otorgara al Concesionario un plazo no menor de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la notificación del incumplimiento, a fin que este subsane dicho incumplimiento. En caso el Concesionario cumpla con subsanar con los incumplimientos dentro del plazo antes señalado, no se resolverá este Contrato”.

El agregado planteado a esta cláusula por el consorcio Sempra – Techint está destinada a que los efectos de la medida surtan efecto, como es lógico, a partir del momento en que asuma la titularidad de las acciones.

Es decir que no se modifica el espíritu de las cláusulas destinadas a cautelar los intereses del Estado y a la lucha contra la corrupción.

Los funcionarios del gobierno no lo han entendido así y habrían decidido mantener las disposiciones del contrato sin el agregado propuesto por el consorcio Sempra – Techint, lo que equivaldría a la posibilidad de perder 7 500 millones de dólares, en caso que se comprobara algún acto doloso de los ejecutivos de Odrebrecht. Este es un riesgo que el nuevo consorcio ni los bancos que van a financiar el proyecto quieren correr.

Ante ello el megaproyecto del gaseoducto surperuano entraría en un peligroso compás de espera ya que el consorcio Gasoducto Sur Peruano tiene plazo hasta mediados de enero del próximo año para concretar el cierre financiero del proyecto. Vencido ese plazo el proyecto podría regresar al Estado, que deberá licitarlo nuevamente.

Los bancos han decidido no ofrecer su financiación en tanto la empresa brasileña Odebrecht forme parte del consorcio que integran además la empresa española Enagás y la peruana Graña y Montero con una participación de 25% y 20%, respectivamente. El financiamiento de un grupo de bancos internacionales se haría a través de un préstamo de 4.125 millones de dólares.

El megaproyecto del gaseoducto surperuano está en construcción desde el 21 de mayo del año pasado, fecha en que se iniciaron los trabajos en el centro poblado de Ticumpinia, ubicado en el distrito de Echarate, Provincia de La Convención, en la región de Cusco. Casi un año antes se firmó el contrato de la concesión por un periodo de 34 años.

Sin embargo, seis años antes, el 6 de octubre de 2008 se firmó un contrato para el proyecto del gasoducto Kuntur. Este proyecto que tenía previsto la construcción de un gasoducto era de iniciativa privada y tenía un costo US$1.334 millones.

Al no concretarse ese proyecto el gobierno peruano convocó a una licitación en el que presentaron sus propuestas, dos consorcios: Gasoducto Sur Peruano, formado por Odebrecht y Enagás, y Gasoducto Peruano del Sur, integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI.

El gaseoducto, destinado a transportar gas natural desde Las Malvinas (Echarate), Quillabamba, Urcos en el Cuzco cruzando los Andes hasta Mollendo e Ilo, con un total mil 134 kilómetros de largo, tiene un avance del 35%.

(Diario El Pueblo,19 noviembre 2016)